Grupo Díaz Carbajosa asistió el pasado 14 de octubre al I Foro CeJuego, que reunió en una misma sala a reguladores, sindicatos, asociaciones sociales y representantes del sector. Frente a la heterogeneidad de voces, hubo un diagnóstico compartido: la Ley del Juego necesita una revisión, cuanto antes, desde el pragmatismo y sin trincheras. Lo que está en juego no es menor, porque en nuestro país la actividad mantiene cerca de 50.000 empleos directos, 170.000 indirectos y aporta a las arcas públicas cerca de 1700 millones de euros.

El reparto de competencias ocupó buena parte del debate. Los representantes autonómicos reclaman unánimemente que se reconozcan y se concreten las funciones que históricamente han ejercido sobre el juego presencial. Otras intervenciones fueron en la misma línea y alzaron su voz para solicitar un marco más homogéneo, con reglas y estándares de seguridad comunes, de modo que todos los operadores del mercado cumplan las mismas exigencias y ofrezcan idéntica protección al consumidor.

La jornada se cerró con el problema que preocupa por igual a administraciones y empresas: el juego clandestino. A diferencia de la oferta legal que opera bajo control, paga impuestos y aplica medidas de prevención, las plataformas sin licencia siguen funcionando fuera del sistema. De ahí la principal conclusión del foro: toda reforma futura debería apoyarse en el diálogo y en datos objetivos, y evitar restricciones desproporcionadas que terminen empujando al usuario hacia mercados que no ofrecen ninguna garantía.